Es un hecho que se constata día a día que la población de la región Metropolitana está acelerando un proceso de construcción de edificios, torres con cientos de pequeños departamentos que no responden a los estándares de confort que todo comprador espera.
Hoy lo que vemos son verdaderos cités modernos, que cumplen con el objetivo de cubrir la demanda habitacional que existe a partir de la alta migración hacia la capital. Hecho que quedó plasmado en las fotografías que el intendente de Santiago, Claudio Orrego, posteó en su cuenta de Twitter hace un par de meses, hecho que generó gran polémica.
Un edificios de tres mil departamentos que no superaban los 30 metros cuadrados, era lo que denunciaba la autoridad con su fotografía.
La inexistencia de un plano regulador regional es una de las causales que asoman como justificación que estos edificios sigan esparciéndose por la región, lo que habilita a cada municipio para establecer sus propias reglas en esta materia, quedando a disposición de las empresas inmobiliarias toda una serie de vacíos legales de los cuales aprovecharse.
Para el académico del departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile, Ernesto López Morales, es sorprendente que “la explosión en la construcción de departamentos en la comuna de Estación Central en los últimos cuatro años. Eso sin considerar los valores de los inmuebles, que rondan las UF 2000 (casi cincuenta millones de pesos) y cuyo arriendo varía entre los 250 mil y los 300 mil pesos”.
Junto con eso, el profesor destaca que dada la alta demanda ha provocado un alza inusitada en los precios de departamentos que no reúnen las condiciones para dichos costos.
Ante las denuncias de Orrego, que calificó a los edificios como “verdaderos guetos verticales”, el alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, señaló a través de un comunicado de prensa que el municipio está trabajando en el desarrollo de un nuevo plano regulador.
Al respecto, el arquitecto Sebastián Grey lanzó una dura crítica a la gestión de las autoridades comunales en esta materia, señalando que “los alcaldes creen que la única forma de desarrollar económicamente a sus municipios es la permisividad absoluta frente ante los proyectos inmobiliarios”.
Al mismo tiempo, el profesional sostuvo que “las empresas inmobiliarias nos hacen creer que ellos no tienen responsabilidad alguna en esta crisis. No tienen criterios éticos a la hora de desarrollar sus proyectos de construcción”.
Finalmente, el profesor de la Universidad de Chile sostiene que el contexto de este negocio es la falta de regulaciones, y que las medidas que se toman solo son meros parches a la situación actual. Junto con eso queda en evidencia la falta de política estatal en esta materia, lo que se traduce en abusos hacia los consumidores.
Ahora hay preguntas que deben resolverse: Primero deben fijarse estándares en la construcción para las empresas que integran este mercado, a través de normas fijadas por el gobierno regional y que tenga la potestad de autorizar algunos proyectos, ya que no puede ser que los municipios actúen de forma independiente en estas situaciones.
Segundo, es tiempo de recobrar una gestión pública, sin intereses especulativos o de mercado, como la que alguna vez tuvo Chile. Ejemplos de buena construcción y buena arquitectura de vivienda, en su momento a precios de compra o arriendo muy asequibles, también se encuentran en nuestras ciudades.
Hoy la vivienda se encuentra privatizada, un bien de consumo que se ha convertido en un producto especulativo, sin que pueda darse en las mejores condiciones. No cabe duda de que es momentos que el gobierno a través del Ministerio de Vivienda tome medidas oportunas para poner punto final a este abuso.